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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Por la falta de comprobación de los recursos asignados al omitir presentar las cuentas públicas de los ejercicios 2013 y 2014, así como por irregularidades detectadas durante los procesos de auditoría, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado presentó 25 denuncias penales en contra de igual número de ex presidentes municipales.

Los ex alcaldes denunciados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, que ya procedió a abrir las carpetas de investigación correspondientes, son emanados de diversas filiaciones partidistas: 10 del Partido Verde Ecologista, nueve del Revolucionario Institucional, cuatro del Partido de la Revolución Democrática, uno de Nueva Alianza y uno de Acción Nacional.

Se trata de los municipios de Acapetahua, Amatán, Acala, Bellavista, Catazajá, Chenalhó, Escuintla, Larrainzar, Berriozabal, Bochil, Copainala, Huehuetán, La Concordia, Mapastepec, Tenejapa, Tumbalá, Pantelhó, Reforma, Sabanilla, Tecpatán, Huixtán, Villacomaltitlán, Chamula, Zinacantán y Ángel Albino Corzo.

Será la Fiscalía General del Estado la que desarrolle las investigaciones para determinar si los ex servidores públicos cometieron delitos en contra de las haciendas públicas municipales para que en su caso, sean sometidos a proceso penal.

En este sentido, se espera que en los próximos días se ejecuten diversas órdenes de aprehensión en contra de los ex munícipes que hicieron caso omiso a los múltiples requerimientos para cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas: Aurelio “N”, Manuel “N”, Alderth “N”, Francisco “N”, René “N”, Esaú “N”, José Octavio “N”, Antonio “N”, Urbano “N”, Luis “N”, Dagoberto “N”, Rodulfo “N”, Miguel “N”, Artemio “N”, Waldo “N”, Robert “N”, Marcela “N”, José “N”, Austreberto “N”, Juan “N”, Narciso “N”, Antonio “N”, Rodolfo “N”, Sebastián “N” y José “N”.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, los ayuntamientos están obligados a presentar las cuentas públicas a más tardar en el mes de abril del año posterior al que informan, por lo que la falta de dicha información hace presumir el desvío de recursos públicos, al no poderse conocer el destino que se les dio.