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CATAZAJÁ. Tras el llamado realizado por el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, dirigido a las autoridades y dependencias judiciales para “Aplicar la ley a quienes violenten las próxima elecciones extraordinarias que se levarán a cabo el 25 de noviembre en 10 municipios del estado”, diversos sectores sociales del municipio de Catazajá exigen se den inicio las indagaciones por las denuncias que fueron interpuestas ante el ministerio público en contra de la ex candidata del PRI a la presidencia municipal, Marcela Avendaño Gallegos.

Existen declaraciones ante diversos medios de comunicación y redes sociales señalándola directamente de ser la autora intelectual de un atentado cometido el pasado 29 junio en el que resultó herido por arma de fuego un pescador del ejido Punta Arena de nombre Ramón Díaz Moreno quien todavía lucha por su vida, y a más de tres meses de que se presentara la agresión los testigos no han sido llamados a declarar y las investigaciones han quedado estancadas.

Oswaldo Chacón Rojas, en una publicación realizada por el portal de noticitas Sin Fuero, dijo que “es preocupante que pese a las elocuentes evidencias gráficas y denuncias formales de los delitos electorales que se cometieron el 1 de julio, no haya un solo imputado como presunto responsable de la violencia ocurrida en diez municipios el día de las elecciones”.

Por lo que afirmó: “El Estado tiene que asumir su responsabilidad, hay obligaciones establecidas en la ley, es su responsabilidad tomar las decisiones para que los derechos no sean violentados, hay que cumplir las obligaciones que marca la ley, actuar con todo el rigor de la ley, la ley no se negocia, las negociaciones en lo oscurito tampoco son válidas, y hay que reprocharlas”.

El llamado hacia el consejero presidente del IEPC es para que no se reinstale el ex consejo municipal de elecciones en Catazajá, mismo que presidió Rosario Domínguez Domínguez, quien siempre estuvo a favor de la candidata del PRI y no realizó ningún reporte de las agresiones; así como del uso de programas federales para obligar a los beneficiarios de los programas de asistencia social Prospera y Pensión para Adultos Mayores a votar a su favor.

Se presume que Rosario Domínguez fue cómplice de todas las a anomalías que se cometieron en las pasadas elecciones y hay fuertes rumores de que recibió una fuerte cantidad de dinero alrededor de 200 mil pesos para manipular cualquier tipo de denuncias y evitar que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tuviera conocimiento de los hechos violentos que se llevaron a cabo antes de los comicios.

“El IEPC debe organizar con oportunidad y eficacia los comicios, garantizando la logística, la capacitación de funcionarios y las condiciones de equidad de la contienda, así como el escrutinio escrupuloso de los resultados. 

El gobierno, por su parte, debe contribuir a generar las condiciones de seguridad para una jornada electoral libre y pacífica, y cumplir en tiempo y forma con la erogación del presupuesto que se requiere; y si suceden actos violentos, si se cometen delitos en cualquier etapa del proceso comicial, las instancias judiciales deben aplicar la ley sin contemplaciones”. Aseguró en la publicación el titular del IEPC.

Por lo que en el municipio de Catazajá hacen eco al llamado del consejero presidente para que el fiscal regional, con sede en el municipio de Palenque, lleve a cabo las indagatorias pertinentes a finde que “la fiscalía electoral presente pronto los resultados de la investigación de delitos electorales, ya que está obligada a actuar para que los actos de violencia no queden impunes”. 

“Y es aquí donde Chacón Rojas -señala en su publicación el portal Sin Fuero- pone el acento respecto a las elecciones municipales extraordinarias del próximo 25 de noviembre. 

Para el consejero presidente es fundamental que partidos y candidatos se comprometan a respetar las reglas, a competir con intensidad, pero dentro de la legalidad, a practicar el “juego limpio”; pero también es muy importante –afirma– que las autoridades involucradas en el proceso asuman cabalmente sus responsabilidades”.